¿Cuál es el plan para reconstruir Colombia después del terremoto?

Tres semanas después del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó a ciudades como Cali, Pereira, Manizales y muchos lugares del occidente del país, Colombia empieza a definir cómo será su reconstrucción. No es una tarea fácil.

¿Qué tan graves son los daños?

Según el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) del 27 de agosto, el sismo afectó a 16 departamentos y 496 municipios. En todo el país han muerto 331 personas, hay 4.449 heridas, 219 desaparecidas y 364 rescatadas.

En total, el evento ha afectado más de 406 mil personas, incluyendo quienes perdieron sus casas completamente o tienen algún tipo de daño.

Recuerde que puede ver todos los datos actualizados del terremoto y los centros de acopio en este mapa que hicimos en La Pipol.

El reporte menciona 187.839 viviendas con daños y 33.395 destruidas, junto con 6.372 edificios con daños y 655 colapsados. Entre esos hay 377 centros de salud, 3.833 instituciones educativas como colegios, universidades, escuelas, centros educativos.

¿Qué ha hecho el gobierno?

El gobierno primero declaró desastre nacional (Decreto 1171 de 2026), y días después declaró la emergencia económica, social y ecológica mediante el Decreto 1261, que cobija a 15 departamentos.

La diferencia es que el desastre nacional, regulado por la Ley 1523 de 2012, atiende lo más inmediato y puede extenderse hasta por dos años, mientras que la emergencia económica (contemplada en el art. 215 de la Constitución) le permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, aunque solo por 30 días que se pueden extender por 90, además la Corte Constitucional debe revisar si aplica.

En el decreto de emergencia económica no se crean medidas específicas pero le da vía libre al gobierno pa’ que en los próximos días saque ese tipo de decretos. Algo que sí deja claro es que la política de vivienda que hoy existe en Colombia no es suficiente pa’ responder a la crisis después del terremoto y que se debe flexibilizar y ampliar la cobertura de los subsidios familiares de vivienda, habilitar nuevos suelos para alojar temporalmente a personas damnificadas.

El Ministerio de Vivienda ha trazado 3 fases para la reconstrucción: una primera de respuesta inmediata y diagnóstico, que debería cerrarse el 30 de septiembre; una segunda, entre octubre de 2026 y marzo de 2027, centrada en mejoramientos de vivienda, arriendos y los primeros subsidios; y una tercera, de reconstrucción propiamente dicha, que tomará entre dos y cuatro años y que exigirá la concurrencia de la banca, el sector privado, el gobierno nacional y las entidades territoriales.

Subsidios de arriendo, pagos de la Adres y la banca privada

Mientras se define bien toda la ruta, el gobierno ya comunicó algunas medidas específicas. El 19 de agosto anunció un subsidio de arrendamiento de $875.452 mensuales por tres meses (un total de $2.626.355 por hogar) para las familias inscritas en el Registro Único de Damnificados.

También ha hablado de ayudas puntuales en otros municipios como Buenaventura, donde el apoyo es mayor: $1.050.000 mensuales durante el mismo periodo. La Ungrd destinó $100.000 millones para este mecanismo, aunque su asignación depende del diagnóstico que hagan las gobernaciones y alcaldías.

En el frente de salud, la Adres anunció tres beneficios para las víctimas: atención médica gratuita (urgencias, hospitalización, cirugías y traslados), indemnización por muerte de un familiar o pareja (incluyendo gastos funerarios, hasta cerca de $43 millones) e indemnización por incapacidad permanente.

El trámite, completamente gratuito, puede hacerse hasta 18 meses después del hecho, presencialmente en Bogotá o a través del portal de la entidad.

De la Espriella también llamó al sistema financiero a bajar las tasas de los créditos hipotecarios pa’ promover la reconstrucción. Bancolombia, por ejemplo, anunció créditos de vivienda con una tasa de interés del 8% anual. También los 4 bancos de Grupo Aval (Occidente, Bogotá, Popular y AV Villas), habilitaron créditos hipotecarios de hasta $500 millones al 8%, junto con refinanciaciones, periodos de gracia y eliminación de intereses de mora para clientes afectados.

Entonces, ¿qué falta?

Aunque han sido buenas noticias, todavía hay mucho trabajo por hacer.

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, en el marco de Expocamacol en Medellín, también mencionó que la política de vivienda que hoy existe no resuelve el problema, sobre todo el de los hogares de clase media, que fueron los más golpeados en ciudades como Cali, Pereira y Manizales y que hoy quedan por fuera de los esquemas tradicionales de subsidio.

Para ir más allá, desde la Camacol proponen un régimen especial de reconstrucción. Ese régimen tendría que flexibilizar, por ejemplo, que una persona que ya haya recibido un subsidio antes pueda recibir otro y también ampliar la cobertura de los subsidios familiares de vivienda. También están trabajando para presentar una propuesta de banco de materiales, un mecanismo que funcionaría a nivel nacional en el que se pueda recoger diferentes materiales como estructuras, tuberías, acabados, todo lo necesario pa’ reparar y construir viviendas y edificios. Relacionado con eso está la propuesta de quitarle el IVA o hacer la devolución de este para materiales a los materiales de construcción destinados a la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas.

Además, han hablado de la habilitación de suelo. Ahí las alcaldías podrán sacar normas para expandir los suelos en los que se puede construir (según el plan de ordenamiento territorial).

¿Qué tan preparado está el sector para la reconstrucción?

Los retos no son solo a raíz del terremoto, esta situación llega cuando el sector no está en su mejor momento. Según datos del Dane, para 2025 el sector de construcción de edificios residenciales y no residenciales, por ejemplo una casa y un colegio, tuvo una caída de 7,5% y es uno de los sectores del PIB con peor desempeño.

Por eso, aunque el gobierno ya dio los primeros pasos con declaratorias, subsidios de arriendo, atención en salud, hay todo un trabajo de hablarse con el sector privado para diseñar normas y ayudas que permitan atender a las familias más vulnerables.